Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 8 de Febrero de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 355230906

Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 8 de Febrero de 2006

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Tribunal de Arbitramento

Consorcio LAR

Vs.

Instituto de Desarrollo Urbano, IDU

Febrero 8 de 2006

Laudo Arbitral

Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2006.

El tribunal de arbitramento constituido para dirimir en derecho, las diferencias presentadas entre Miguel Ávila Reyes, R. y M. Lezaca y Compañía Limitada, Humberto Rodríguez Urrea y Óscar Armando Jiménez Ramírez, integrantes del Consorcio LAR, parte convocante, en adelante el consorcio o la convocante y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, parte convocada, en adelante IDU o la convocada , profiere por unanimidad el presente laudo arbitral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias.

  1. Antecedentes del trámite arbitral

    1.1. El 16 de mayo de 2000, se celebró entre las partes de este proceso el contrato de obra pública 252 de 2000.

    1.2. En el numeral 5.11 de los pliegos de condiciones de la licitación pública que dio origen al referido contrato se estableció:

    5.11. Soluciones de conflictos. Los conflictos o controversias que se presenten entre las partes con relación al contrato se solucionarán, de ser posible, mediante el arreglo directo; en caso en que no se llegue a un acuerdo, se acudirá a un tribunal de arbitramento el cual funcionará de conformidad con las normas y procedimiento que para el efecto establezca la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá centro de conciliación y arbitraje (1).

  2. Desarrollo del proceso

    2.1. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el 11 de diciembre de 2002 el consorcio presentó solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en el contrato celebrado y en desarrollo de la previsión 5.11 de los pliegos de condiciones de la licitación, a fin de dirimir el conflicto suscitado con el IDU, respecto de la existencia de sobrecostos y reajustes de precios del contrato de obra pública celebrado entre ellas(2).

    2.2. Mediante providencia del 28 de octubre de 2003 y en acatamiento de lo dispuesto por la sentencia C-1028 de 2002 de la Corte Constitucional, el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá, procedió a la designación de los árbitros que conforman este tribunal(3), quienes fueron debidamente notificados de su designación y quienes después de aceptar oportunamente, instalaron el tribunal en audiencia celebrada para el efecto el 15 de abril de 2004(4).

    2.3. La demanda fue admitida mediante auto de esta última fecha, y notificada personalmente a la convocada.

    2.4. El 2 de diciembre de 2004, mediante apoderado judicial, el IDU contestó la demanda y propuso excepciones(5).

    2.5. Esa contestación fue fijada en lista y dentro del término de traslado de las excepciones, la convocante guardó silencio.

    2.6. La audiencia de conciliación se inició el 3 de mayo de 2005 y concluyó el 31 del mismo mes y año, fracasada la cual se procedió a fijar los honorarios y gastos de funcionamiento del tribunal(6). Esas sumas fueron pagadas oportunamente y en su totalidad por la parte convocante.

    2.7. El 23 de junio de 2005 se celebró la primera audiencia de trámite, la cual se desarrolló, así:

    1. Primeramente el tribunal analizó el pacto arbitral, encontrándolo ajustado a las prescripciones legales, y en tanto la voluntad de sometimiento a arbitraje en dicho pacto comprendió todas las cuestiones litigiosas concretas materia del presente proceso, se declaró competente para conocer y decidir dichas cuestiones, mediante auto 8(7). Esa providencia fue recurrida por la convocada y confirmada mediante auto 9.

    2. Igualmente, por auto 10, fueron decretadas las pruebas del proceso(8).

  3. Las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje

    3.1. Los hechos de la demanda.

    Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la sociedad convocante, bien pueden compendiarse del siguiente modo:

    3.1.1. En el año 2000, previo procedimiento licitatorio, se celebró entre el Consorcio LAR y el IDU un contrato de obra pública.

    3.1.2. Ese contrato tenía por objeto la construcción del proyecto denominado Plaza de Suba de Santafé de Bogotá bajo el sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste.

    3.1.3. El valor inicial del contrato se pactó en la suma de $ 508.679.314 y el plazo de ejecución en 4 meses contados a partir del acta de iniciación, que se suscribió el 8 de agosto de 2000.

    3.1.4. Al decir del convocante, el IDU no proporcionó los diseños eléctricos, hidráulicos y geotécnicos del proyecto, como era su obligación, y en consecuencia el contratista debió asumir esa carga, y someter aquellos diseñados elaborados por él, a aprobación de la convocada, la cual tomó mucho tiempo para autorizarlos.

    3.1.5. Adicionalmente el IDU modificó en 5 oportunidades los diseños arquitectónicos de la plaza.

    3.1.6. Esos retrasos generaron una mayor permanencia del consorcio en la obra, exactamente, 97 días, período al cual debe agregarse el retraso en la iniciación de las obras que también es imputable al IDU.

    3.1.7. Por otro lado el IDU exigió la contratación de un maestro general no previsto en el contrato ni en los pliegos lo cual generó un sobrecosto al contratista.

    3.1.8. De acuerdo con los diseños y con los requerimientos del interventor, el consorcio ejecutó 1700 Mts2 de adoquín para vías vehiculares, a pesar de lo cual el IDU solamente le pagó 380 Mts2. La cantidad restante le fue pagado a la convocante a precios de adoquín para vías peatonales, lo cual le generó otro sobrecosto.

    3.1.9. Adicionalmente a lo anterior, el IDU retrasó injustificadamente el pago del saldo del contrato una vez recibidas las obras, circunstancia que también ocasionó un perjuicio al consorcio.

    3.1.10. Los anteriores hechos han alterado el equilibrio económico del contrato, el cual debe ser restablecido.

    3.1.11. El contrato se liquidó de común acuerdo por las partes el 14 de noviembre de 2001, registrándose sin embargo en ese acuerdo, salvedades por parte del consorcio.

    3.2. Las pretensiones de la convocante.

    Las pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria son las siguientes:

    Pretensiones

    1. Que se condene al demandado a pagar la suma de $ 30.512.090, por concepto de sobrecostos por mayor permanencia en obra.

    2. Que se condene al demandado a pagar la suma de $ 8.330.000, por concepto de la utilización de un maestro general no exigido en el contrato.

    3. Que se condene al demandado a pagar la suma de $ 11.315.040, correspondientes al mayor valor del adoquín en vía vehiculares.

    4. Que se condene al demandado a pagar la suma de $ 46.000.000, por concepto del reajuste de precios pactados en el contrato.

    5. Que se condene al demandado a pagar la suma de $ 8.609.128, por concepto de la mora en el pago del saldo del contrato por el período comprendido entre el 16 de julio de 2001 y el 8 de julio de 2002.

    6. Que se ajusten las sumas anteriores según el IPC.

    7. Que se cancelen los intereses moratorios correspondientes.

    8. Que se condene en costas a la parte demandada .

    3.3. La oposición del Instituto de Desarrollo Urbano frente a la demanda.

    El IDU al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos, negó algunos otros y frente a los restantes manifestó que estaría a lo probado.

    Igualmente propuso las siguientes excepciones, fundamentadas en los argumentos de derecho esgrimidos en la contestación de la demanda:

    1. Ausencia de derecho sustancial para reclamar el pago de ítems diferentes a lo pactado dentro del contrato 252 de 2000.

    2. Inexistencia de desequilibrio económico que afecte las intereses del contratista.

    3. Exigencia en el cumplimiento de las obligaciones del contratista.

    4. Inexistencia de obligación por parte del IDU de cancelar mayor valor por adoquines.

  4. Actuación probatoria surtida en el proceso

    Sobre la práctica de las diligencias de pruebas, cabe señalar lo siguiente:

    4.1. El 7 de julio de 2005 fue posesionado el perito Hector Carlos Parra Ferro. En esta fecha se recibieron igualmente los testimonios de Edgar Alfredo Villamarin Pulido, Nubia Constanza Mora Gómez y Marcela Gutierrez Díaz.

    4.2. El dictamen pericial decretado fue rendido oportunamente y de él se corrió traslado el 7 de septiembre de 2005. Dentro del término legal las partes presentaron solicitud de aclaraciones y complementaciones, las cuales fueron decretadas y rendidas también oportunamente.

    4.3. El traslado de esas aclaraciones y complementaciones se surtió igualmente conforme a lo previsto en la ley.

    4.4. El 24 de octubre de 2005, la apoderada del IDU objetó por error grave la experticia. El trámite de esa objeción se surtió conforme a lo previsto en la ley.

    4.5. La totalidad de oficios solicitados fueron decretados y sus respuestas se encuentran debidamente incorporadas el expediente.

    Así pues, en el curso del proceso se practicaron todas las pruebas solicitadas y ambas partes, luego de concluida la instrucción de la causa, en la forma prevista por el artículo 154 del Decreto 1818 de 1998, hicieron uso de su derecho a exponer sus conclusiones finales acerca de los argumentos de prueba obrantes en los autos, presentando así mismo los respectivos resúmenes escritos de las intervenciones por ellas llevadas a cabo y los cuales son parte integrante del expediente.

    Finalmente, la Procuraduría General de la Nación, a través del doctor Rodrigo Bustos Brasbi, radicó en la secretaría del tribunal el día 27 de enero de 2006, concepto legal en donde fija su criterio respecto de cada uno de los ítems reclamados por el contratista en el presente litigio.

  5. Consideraciones del tribunal

    Hallándose cumplidos los presupuestos procesales, esto es, la capacidad para ser parte, la capacidad para comparecer al proceso, la competencia del juez, la demanda en debida forma y el debido proceso, le corresponde al tribunal decidir el fondo de este litigio. Antes de ello, conviene recordar que en la primera audiencia de trámite, llevada a cabo el 23 de junio de 2005, el tribunal hubo de declararse competente para conocer y decidir...

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