Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta, de 14 de Enero de 2004
| Fecha | 14 Enero 2004 |
| Materia | Derecho Fiscal,Derecho Público y Administrativo |
RETORNO INDICE
PROVIDENCIA No. 1
ACCION POPULAR
Objeto / ACCION POPULAR
Improcedencia frente a intereses subjetivos o pecuniarios / DERECHO A LA MORALIDAD ADMNISTRATIVA
Finalidad / RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA TOMA DE POSESION PARA LA LIQUIDACIÓN DE COOPERATIVA
Improcedencia de la acción popular para discutir su legalidad
TAL MEDIO PROCESAL [NOTA DE RELATORIA: ACCION POPULAR], TIENE POR OBJETO, AL TENOR DE LO NORMADO EN EL ARTÍCULO 1º, GARANTIZAR LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, EVITANDO UN DAÑO CONTINGENTE, HACIENDO CESAR EL PELIGRO, LA AMENAZA, VULNERACIÓN O AGRAVIO DE ELLOS.
LAS ACCIONES POPULARES POSEEN UNA FINALIDAD EMINENTEMENTE PÚBLICA, CON LA QUE NO SE PERSIGUEN INTERESES SUBJETIVOS O DE CARÁCTER PECUNIARIO, SINO POR EL CONTRARIO, BUSCAN PROTEGER A LA COMUNIDAD EN SU UNIDAD RESPECTO DE LOS INTERESES COLECTIVOS QUE RESULTEN LESIONADOS O AMENAZADOS, YA SEA POR LA ACCIÓN U OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS O, BIEN POR LOS PARTICULARES.
SE TRATA DE UN DERECHO DE LA COMUNIDAD PARA QUE EL PATRIMONIO PÚBLICO SEA MANEJADO DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE CON LA DILIGENCIA Y CUIDADO PROPIOS DEL BUEN FUNCIONARIO.
IGUALMENTE, MERECE RECABARSE QUE EL ARTÍCULO 209 DE LA CARTA POLÍTICA, AL REFERIRSE A LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA, LA CONSAGRA COMO UN PRINCIPIO O P. FUNDAMENTAL SOBRE LA CUAL DEBE DESARROLLARSE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL ESTADO.
EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE DEBE PRECISAR QUE LOS ACCIONANTES PRETENDEN LA REACTIVACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COACREDITO, Y EL RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS COLECTIVOS DE ORDEN MATERIAL Y MORAL, BASADOS EN EL ACHAQUE QUE LE HACEN A LA ACCIONADA DE HABER FRAGUADO LA INTERVENCIÓN PARA LIQUIDARLA.
CON TODO, LA SALA OBSERVA QUE PARA PROCEDER EN TAL SENTIDO, LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA ORDENÓ SU LIQUIDACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN 1368 DEL 14 DE AGOSTO DE 1998, DE DONDE EMERGE CON CLARIDAD LA EXISTENCIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD MIENTRAS EL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE ES EL NATURAL DEL PROCESO PREVISTO POR EL LEGISLADOR PARA TALES EVENTOS, NO DE PRONUNCIE EN CONTRARIO.
EN EFECTO, LOS MOTIVOS DE ILEGALIDAD QUE SE ADUCEN POR LOS ACCIONANTES, OCURRIDOS DURANTE LA ETAPA DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONDUJO A LA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA, SÓLO PUEDEN SER OBJETO DE CONTRADICCIÓN Y DE PRUEBA DENTRO DEL CORRESPONDIENTE PROCESO DE ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
República de Colombia
1
Rama Judicial
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION CUARTA
SUBSECCION B
B.D., catorce (14) de enero de dos mil cuatro (2004).
Clase de proceso : Acción Popular No. 03-00571-01
Accionante
:
M.E.S.R. y Otros
Accionado
: Superintendencia de la Economía Solidaria
M.istrada Ponente:
Dra. N.Y.V. DE PEÑARANDA
S E N T E N C I A
Procede la S. a proferir la correspondiente sentencia dentro de la ACCION POPULAR incoada por los señores MARIO E.S.R., J.R.Z.C. y ENRIQUE ACHURY E., quienes actúan en nombre propio, contra la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, demandando las siguientes:
I. PRETENSIONES:
Se expresan así:
Se ordene la devolución de la cooperativa a los asociados, esto es, permitir la reactivación de la entidad para desarrollar su objeto social en beneficio de los asociados y de la comunidad en general, de acuerdo con el artículo 2° de la Ley 472 de 1998.
Con base en los hechos narrados, solicitamos, respetuosamente, que su despacho ordene el resarcimiento de los perjuicios colectivos causados por la omisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria, a los asociados de la cooperativa de ahorro y crédito COACREDITO , los cuales estimamos en la suma de DIEZ Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($16.000.000.000) MONEDA CORRIENTE, derivada del detrimento patrimonial sufrido por la cooperativa, dados los elevados costos y las irregularidades del proceso liquidatorio que se ha venido sosteniendo sin fundamento jurídico ni financiero, más los intereses que se causen hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, de acuerdo a lo establecido en el literal e) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.
Se ordene el peritazgo de los daños y perjuicios morales y materiales causados, para efectos de su reconocimiento y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba