Providencia nº 11001010200020120284400 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 23 de Enero de 2013
| Fecha de Resolución | 23 de Enero de 2013 |
| Emisor | Sala Disciplinaria |
RAMA JUDICIAL
SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
Bogotá, D.C., 23 de enero de 2013.
Aprobado según A.N. 002 de la fecha.
Magistrado Ponente: ANGELINO LIZCANO RIVERA
Radicación No. 110010102000201202844 00
|Referencia: |Conflicto de Jurisdicciones. |
|Colisionantes: |Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva – |
| |H. y el Juzgado Tercero Administrativo Oral de la misma ciudad. |
|Tema: |Acción Ejecutiva Laboral instaurada por el señor F.P. |
| |Murcia contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional |
| |de Prestaciones Sociales del M.. |
|Decisión: |Asigna a la Jurisdicción Ordinaria Laboral. |
ASUNTO A TRATAR
Procede la Sala a pronunciarse respecto del conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre el JUZGADO PRIMERO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES de Neiva – H. y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL, de la misma ciudad, con ocasión de la demanda ejecutiva laboral presentada, a través de apoderado judicial, por el señor FELIO PERDOMO MURCIA contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Representante Judicial del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Huila.
ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL
Objeto de las pretensiones.- A través de apoderado judicial el señor FELIO PERDOMO MURCIA, impetró demanda ejecutiva laboral, con miras a obtener el reconocimiento y pago de los intereses legales y moratorios derivados de la omisión del pago oportuno de las cesantías que le fueron reconocidas a través de la Resolución Nº 0138 del 1° de febrero de 2011, proferida por la Secretaría de Educación de la Gobernación del Huila - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, la cual sólo se hizo efectiva el 7 de septiembre de 2011.
* Trámite y razones del Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva – H.. Con auto del 26 de septiembre de 2012, el titular de ese despacho judicial rechazó la demanda, presentada a través de apoderado judicial por el señor FELIO PERDOMO MURCIA. Precisó el funcionario que de la lectura y análisis a lo deprecado, se entendía que las obligaciones dinerarias perseguidas tenían origen en un acto administrativo emitido por la Secretaría de Educación Departamental del H. y que con la demanda se allegaba como título del recaudo los documentos que en su conjunto constituían la base de una ejecución compleja derivada de la sanción por mora en el pago de la cesantía definitiva, integrado por: la resolución Nº 0138 del 1° de febrero de 2011- constancia de notificación y ejecutoria – del 11 de febrero de 2011-; el certificado de salarios del 12 de diciembre de 2011 y la certificación de pago en efectivo del 26 de septiembre de 2011-, emitida por el banco BBVA.
Precisó cómo en la demanda se sostenía que la demandante en su condición de docente de vinculación departamental, tenía derecho a la sanción moratoria establecida por la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, dado que la misma era de aplicación automática y que para la conformación del título contentiva de la obligación, bastaba la prueba del pago tardío y del reconocimiento -liquidación-, de la cesantía definitiva. En consecuencia, conforme lo anterior, la parte actora solicitaba se librara la ejecución por la suma de $ 10.998.660 por concepto de la sanción moratoria desde el 1° de febrero hasta el 26 de septiembre de 2011, esto era 204 días.
Luego indicó que en lo relacionado con la ejecución de actos administrativos, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, vigente a partir del 2 de julio de 2012, estableció lo siguiente: “Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: 4). Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar. En consonancia con lo anterior el artículo 155 de la misma codificación señala. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: 7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (Sic para lo trascrito), pese a que la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral de antaño venía conociendo de asuntos que, como en el presente, involucraban la ejecución de un acto administrativo -título ejecutivo complejo-, de donde se deducía la imposición de la sanción moratoria previstas en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Precisó que de las disposiciones en cita quedaba claro que la reforma al procedimiento contencioso administrativo, vigente desde el 2 de julio pasado, léase -2012-, introdujo un cambio sustancial respecto de la jurisdicción encargada para conocer de estos asuntos, el cual es entendible si se tiene en cuenta la precisión y claridad con que fue definido el tema de los títulos ejecutivos y el nuevo objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así por ejemplo, para los efectos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa, constituyen título ejecutivo y si de los asuntos que se ventilen en el proceso ejecutivo conocen los jueces administrativos, cuando la cuantía no exceda de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, fluía de suyo que era en esa jurisdicción la contenciosa, en donde se debía dirimir la presente controversia.
Finalizó observando que como dentro del presente asunto se pretendía la ejecución de un acto administrativo - resolución Nº 0138 del 1° de febrero de 2011, con su constancia de notificación y ejecutoria, entre otros documentos, que en sentir de la parte actora constituían un título ejecutivo complejo a cargo de La Nación - Ministerio de Educación, el conocimiento del presente asunto corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, no sin antes observar que la suma u obligación perseguida no proviene de una relación laboral propiamente dicha, es decir, aquella que emana de un contrato de trabajo, lo cual...
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