Sentencia de Seccion 3ª, 9 de Octubre de 2003 (caso ACCION CONTRACTUAL - Término de caducidad. Excepciones / CADUCIDAD DE LA ACCION CONTRACTUAL - Cómputo del término de caducidad para obligaciones posteriores a la liquidación)

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ACCION CONTRACTUAL - Término de caducidad. Excepciones / CADUCIDAD DE LA ACCION CONTRACTUAL - Cómputo del término de caducidad para obligaciones posteriores a la liquidación

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, antes de la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, las acciones relativas a contratos caducaban a los dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvieran de fundamento, y si bien, en jurisprudencia reiterada, esta Sala señaló que las acciones contractuales debían ser formuladas a más tardar dentro de los dos años siguientes a la terminación del negocio, cuando éste no requiriera de liquidación, o dentro de los dos años siguientes a ésta última, cuando la misma resultara necesaria, o al vencimiento del término que se tenía para llevarla a cabo, cuando no se hubiere realizado, criterio que fue recogido por la citada ley, es claro que éste no es aplicable en los eventos en que se trata de obligaciones que deben ser cumplidas con posterioridad a la liquidación, como ocurre en este caso con aquéllas que, conforme a lo alegado en la demanda, fueron pagadas con retardo. Y debe llamarse la atención en el sentido de que el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 consagra, en términos similares, la regla general prevista en el artículo 136 del C.C.A., antes de la vigencia de aquélla, en el sentido de que en la acciones relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años, y se contará a partir del días siguiente de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, de manera que las hipótesis reguladas en los literales a, b, c, d, e y f de la norma constituyen excepciones, como lo entiende la Sala en la jurisprudencia citada, según la cual resulta procedente aplicar dicha regla general, y no la previsión contenida en el literal c), tratándose de contratos que requieren de liquidación, cuando se trata de obligaciones que deben ejecutarse con posterioridad a ésta última.  Nota de Relatoría:  Sobre este punto resulta pertinente la sentencia proferida el 15 de octubre de 1998, Exp. 11966

DIA HABIL - Contrato estatal / CONTRATO ESTATAL - Plazo en días

El plazo de días debía entenderse hábil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, según el cual “en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario...”.  No cabe duda de que un contrato estatal constituye un típico acto oficial, en cuanto emana de la autoridad  derivada del Estado y no es un acto particular o privado.

INTERESES MORATORIOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES - Evolución jurisprudencial / INTERESES MORATORIOS - Contratación estatal / CONTRATO ESTATAL - Intereses moratorios

El Decreto 222 de 1983, derogado por la ley 446 de 1998, no contenía una previsión dirigida a regular la tasa de interés aplicable cuando resultara procedente castigar la mora en la que hubiera incurrido una entidad estatal, en virtud del incumplimiento de un contrato.  Por ello, correspondió a la jurisprudencia determinar la forma en que debía interpretarse la falta de regulación. Distintas fueron, entonces, las posiciones adoptadas.  En una primera época, como lo registra la Corte Constitucional  en la sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001, “...se le reconocía a la Administración el privilegio de no pagar intereses de mora, amparándose en el criterio de la inexigibilidad de lucrum cessans...”, bien por la semejanza que se encontraba entre el fisco y los menores de edad, en el derecho regio, bien por la necesidad que luego planteó la jurisprudencia de considerar los principios del control parlamentario del gasto público, de la especialidad de las partidas y de la inexistencia de la mora culposa por retardo en el pago. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a finales de la década de los setenta, entendió, sin embargo, que nada impedía a las entidades estatales pactar intereses de mora. Como lo explica la Corte Constitucional en el fallo citado, “...este privilegio fiscal de no pagar intereses de mora tuvo sus primeros reveses.. con la necesaria implementación del régimen de la contratación pública, por cuanto resultaba contrario a la estructura sinalagmática que tenían y tienen los contratos estatales y, en consecuencia, violatorio de los principios consubstanciales al contrato como son los de reciprocidad o equivalencia económica y buena fe”, luego de la entrada en vigencia del Decreto 222 de 1983, la misma Sala de Consulta y Servicio Civil consideró que, por no existir autorización expresa en el régimen de contratación, las entidades estatales no podían pactar intereses en los contratos administrativos, de manera que, frente al incumplimiento de aquéllas, el contratista particular estaba obligado a acudir ante las autoridades judiciales competentes, a fin de solicitar el reconocimiento de los perjuicios causados como consecuencia de la mora.  Consideró, en efecto, que “...los intereses moratorios no constituyen un factor determinante de los costos, ni, estrictamente, forman parte del equilibrio financiero, tal como está regulado por el Estatuto Contractual vigente.” Por su parte, la Sección Tercera en sentencia del 13 de mayo de 1988 (expediente 4303), optó por la aplicación tanto del artículo 1617 del C.C., como del artículo 884 del C. de Co., normas que permitían llenar los vacíos de la legislación especial, de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.   Nota de Relatoría: Ver conceptos 1141 de 29 de marzo de 1977 y 115 del 10 de agosto de 1987

INTERESES DE MORA EN LA CONTRATACION ESTATAL - Aplicación  de los artículos 884 del Código de Comercio y 1617 del Código Civil / INTERESES MORATORIOS - Contrato  estatal /  CONTRATO ESTATAL - Tasa de interés de mora aplicable

En materia de intereses de mora debidos por las entidades estatales cuando obran como contratantes, la Sala considera necesario abordar el tema, con el fin de replantear la última posición asumida, partiendo de las siguientes consideraciones: a. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, salvo que se trate de aquéllas concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, o de las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado.  En este último evento, en efecto, la infracción “será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”. Así las cosas, es improcedente la aplicación del numeral 8º del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 para liquidar el interés de mora debido por una entidad estatal, en virtud del incumplimiento de un contrato celebrado antes de su vigencia, a menos que el retardo se hubiera producido con posterioridad a la fecha en que la misma comenzó a regir. Por la misma razón, no cabe duda de que resulta inocua la circunstancia de que la respectiva controversia no se hubiere definido antes de la fecha indicada, por lo cual su consideración constituye un criterio inapropiado para determinar cuál es la norma aplicable al caso concreto. b. En el Decreto 222 de 1983 no se incluyó norma alguna dirigida a regular el interés moratorio aplicable en caso de retardo en el pago de las obligaciones surgidas de los contratos administrativos.  Sin embargo, como lo advirtió el Consejo de Estado en la sentencia del 13 de mayo de 1988, Exp. 4303,  es claro que dichos contratos no se regían integralmente por las normas del decreto mencionado, el cual se limitaba a regular los aspectos tocantes con la naturaleza especial de los mismos, como lo es, por ejemplo, el ejercicio de los poderes exorbitantes que tienen las entidades estatales en el campo de la contratación pública.  El tema del interés de mora constituía, entonces, simplemente, uno de los varios aspectos que, tratándose de un contrato administrativo, debía regirse por el derecho privado, en cuanto relacionado con los efectos generales de las obligaciones. Podían las partes, entonces, incluir en el contrato, al respecto, las estipulaciones usuales que resultaran conformes con su naturaleza y, a falta de convención expresa, debían buscarse en los códigos Civil y de Comercio las disposiciones que suplieran su voluntad: el artículo 1617 en el primero, y el 884 en el segundo. c. La legislación comercial tiene carácter especial respecto de la legislación civil. Así, tratándose de comerciantes y de actividades mercantiles, y a falta de estipulación expresa de las partes, la norma aplicable para efectos de establecer la tasa de interés de mora debido es el artículo 884 del Código de Comercio.  Por su parte, el artículo 1617 del Código Civil estaría dirigido a regular, de manera subsidiaria, las relaciones contractuales civiles entre particulares, cuando éstas no deban regirse, conforme a lo expresado, por la legislación comercial. d. Los principios de reciprocidad y buena fe, fundados, a su vez, en los principios de justicia conmutativa, igualdad y garantía de los derechos adquiridos, rigen las relaciones contractuales, tanto de los particulares como del Estado. Teniendo en cuenta todo lo expresado, concluye la Sala que, tratándose de contratos estatales celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, en los que no se ha incluido estipulación alguna en relación con los intereses que deben pagarse en caso de incumplimiento, cuando la persona afectada tiene la condición de comerciante o el acto es para ella de carácter mercantil, no existe justificación alguna para aplicar una tasa distinta a la regulada en el artículo 884 del C. de Co., a fin de sancionar la mora en que ha incurrido uno de los contratantes, aun cuando...

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