Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, de 22 de Julio de 2004
| Ponente | William Giraldo Giraldo. Expediente No. : |
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2004 |
| Emisor | Sección Primera |
PROVIDENCIA No. 40
CONFLICTO LIMÍTROFE CON NICARAGUA / SOBERANÍA SOBRE LAS ISLAS DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y OTROS / TRATADO ESGUERRA-BARCENAS - Desconocimiento por parte de Nicaragua
DE CONFORMIDAD CON LOS MOTIVOS QUE INSPIRAN LA PRESENTE ACCIÓN, LA MISMA TIENE UN CARÁCTER PREVENTIVO FRENTE A LA SUPUESTA AMENAZA DE DERECHOS COLECTIVOS DEL PUEBLO COLOMBIANO, DERIVADA DEL DESCONOCIMIENTO HECHO POR LA REPÚBLICA DE NICARAGUA DEL TRATADO ESGUERRA-BÁRCENAS MENESES, DE LA DEMANDA QUE FORMULÓ CONTRA NUESTRO PAÍS ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA, Y DE LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGÓ A FIN DE QUE SE ABRIERA UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERAS EN ÁREAS QUE HACEN PARTE DEL TERRITORIO COLOMBIANO.
ESE DESCONOCIMIENTO DEL TRATADO ESGUERRA-BÁRCENAS MENESES NO TIENE DISCUSIÓN, TAL COMO SE DEMUESTRA EN RENGLONES ANTERIORES Y SE EVIDENCIA CON LA "DECLARACIÓN SOBRE LAS ISLAS DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES", FORMULADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL DE NICARAGUA (FLS. 19 A 21 DEL CUADERNO PRINCIPAL), QUE MERECIÓ, COMO OCURRIÓ FRENTE A MANIFESTACIONES SIMILARES ANTERIORES DEL GOBIERNO NICARAGÜENSE, EL ENFÁTICO RECHAZO DEL DE COLOMBIA, AJUSTADO A LA NORMATIVA DE DERECHO INTERNACIONAL YA RESEÑADA, COMO EL CONTENIDO EN LA NOTA DIPLOMÁTICA DE PROTESTA DM-0053, DEL 5 DE FEBRERO DE 1980, SUSCRITA POR EL CANCILLER DE LA ÉPOCA, DOCTOR D.U.V., LA CUAL ES CATEGÓRICA Y ELOCUENTE, COMO LO ES, ADEMÁS DE PROFUNDO Y DOCUMENTADO, EL "LIBRO BLANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA - 1980", EDITADO POR LA CANCILLERÍA, COMO RESPUESTA A LA POSICIÓN DE NICARAGUA FRENTE AL TRATADO EN CUESTIÓN, EN EL QUE EL GOBIERNO COLOMBIANO DEFINE, CON SUFICIENCIA, Y DEFIENDE CON AUTORIDAD, SU POSICIÓN RESPECTO DE LOS LEGÍTIMOS DERECHOS DE COLOMBIA SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.
HA PROCEDIDO ASÍ NUESTRO PAÍS, COMO CORRESPONDE A UNA NACIÓN CIVILIZADA Y RESPETUOSA DEL ORDEN JURÍDICO INTERNACIONAL, APELANDO A LOS MECANISMOS DE PROTESTA QUE ESTE LE BRINDA, QUE TIENEN ESPECÍFICAS CONNOTACIONES EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE DOS ESTADOS, QUE, SIN LUGAR A DUDAS, SE AFECTAN CUANDO UN PAÍS SE VE FORZADO POR OTRO A ENVIARLE UNA "NOTA DE PROTESTA", QUE ES LO PROCEDENTE CUANDO NO HAN OCURRIDO, O POR LO MENOS EN AUTOS NO SE DEMUESTRAN, ACTOS DE FUERZA POR PARTE DE NICARAGUA RESPECTO DE NUESTRO ARCHIPIÉLAGO.
(...) ES DE ADVERTIR QUE NO OBSTANTE COLOMBIA HABER DADO POR TERMINADA SU ACEPTACIÓN DE LA JURISDICCIÓN OBLIGATORIA DE LA CIJ, DEBÍA PRESENTAR LAS MENCIONADAS EXCEPCIONES PRELIMINARES POR CUANTO ESE ORGANISMO EN IDÉNTICAS CIRCUNSTANCIAS HA CONSERVADO LA COMPETENCIA Y SE HA PRONUNCIADO DE FONDO, APLICANDO EL NUMERAL 6º DEL ARTÍCULO 36 DE SUS ESTATUTOS.
EN LO QUE RESPECTA A LA AMENAZA AL PATRIMONIO PÚBLICO COLOMBIANO PLANTEADA EN LA ACCIÓN POPULAR, QUE PROVENDRÍA DE LA APERTURA DE UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL POR PARTE DE NICARAGUA PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLÍFERAS EN ÁREAS QUE HACEN PARTE DE NUESTRO PAÍS, SE OBSERVA QUE MEDIANTE EL ACUERDO PRESIDENCIAL NO. 252 -2002 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA APROBÓ "LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA RONDA DE LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA".
SEGÚN UN COMUNICADO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES " LA LICITACIÓN ABIERTA POR EL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA, COMPRENDE ZONAS DEL TERRITORIO NACIONAL, INCLUYENDO PARTES DE SU PLATAFORMA CONTINENTAL CARIBE, SOBRE LAS CUALES NICARAGUA HA EJERCIDO HISTÓRICAMENTE DERECHOS SOBERANOS. TODAS LAS ÁREAS SUSCEPTIBLES DE SER OTORGADAS EN CONCESIÓN PARA EXPLORACIÓN DE EXISTENCIA DE HIDROCARBUROS PERTENECEN A TERRITORIO NICARAGÜENSE.
RESPECTO DE LA APERTURA DE ESA LICITACIÓN, QUE INCLUYE ÁREAS DEL MAR CARIBE QUE CORRESPONDEN A COLOMBIA, EL GOBIERNO COLOMBIANO EL 23 DE JULIO DE 2002 ENVIÓ UNA NOTA DE PROTESTA AL DE NICARAGUA, ADICIONADA CON OTRA DEL 29.
A SU VEZ EL GOBIERNO DE COLOMBIA SE DIRIGIÓ A CUATRO COMPAÑÍAS PARTICIPANTES EN LA LICITACIÓN PAR QUE SE ABSTUVIERAN DE HACER LABORES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN SU MAR TERRITORIAL CARIBEÑO, RECIBIENDO DE DOS DE ELLAS CONFIRMACIÓN DE QUE LES FUERON ADJUDICADAS ÁREAS AL OCCIDENTE DEL MERIDIANO 82, QUE CONSTITUYE LA FRONTERA MARÍTIMA ENTRE LOS DOS PAÍSES, DE CONFORMIDAD CON EL TRATADO ESGUERRA-BÁRCENAS MENESES Y EL RESPECTIVO CANJE DE NOTAS DE RATIFICACIÓN.
DESPRÉNDESE DE LO ANTERIOR QUE NO EXISTE PRUEBA EN EL PLENARIO DE QUE SE ESTÉ HACIENDO EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL, EL MAR TERRITORIAL Y LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA COLOMBIANOS, SOBRE LOS QUE NUESTRO PAÍS EJERCE SOBERANÍA A TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 101 DE LA C.P. Y DE LAS LEYES 9ª DE 1961 Y 10 DE 1978.
POR EL CONTRARIO, DOCUMENTACIÓN APORTADA POR ECOPETROL ACREDITA QUE COLOMBIA HA EJERCIDO SOBERANÍA SOBRE EL ÁREA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA, DESARROLLANDO ACTIVIDAD EXPLORATORIA DESDE 1973, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, LA CUAL CONTINÚA
EMERGE DEL ANÁLISIS ANTES EFECTUADO QUE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, LA SOBERANÍA NACIONAL Y LOS BIENES PÚBLICOS COLOMBIANOS (ARTÍCULO 102 C.P.) HAN SIDO CABALMENTE DEFENDIDOS POR EL GOBIERNO COLOMBIANO FRENTE A LAS EVENTUALES AMENAZAS DERIVADAS DE LAS MANIFESTACIONES DE NICARAGUA QUE GENERARON LA PRESENTE ACCIÓN
Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil cuatro (2004).
Magistrado Ponente: W.G.G.. Expediente No. : AP 25000-2315000-2003-00763. Demandante : ULISES B.F..
Acción Popular
Procede la Sala a decidir sobre la acción popular formulada por el señor U.B.F. contra los señores Presidente de la República, Ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, y el Gobernador del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en escrito que obra a folios 1 a 7.
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LA SOLICITUD
A.- PRETENSIONES
Como pretensiones principales de la demanda el actor formula las siguientes:
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Declarar que las autoridades demandadas han incurrido en omisión a los deberes constitucionales y legales invocados en esta demanda.
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Que como consecuencia de lo anterior y con base en el artículo 212 de la C.P. se ordene al Presidente de la República, junto con todos los ministros, declarar el estado de guerra exterior para repeler la agresión de Nicaragua y defender la soberanía de la Nación en garantía de la integridad del territorio y del patrimonio nacional, afrentados con el desconocimiento del tratado internacional E.B.M..
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Para lo anterior, se ordene a los demandados utilizar los mecanismos de que disponen según el derecho internacional, la Constitución y la ley, incluyendo el uso de la fuerza pública si fuere necesario, para procurar el restablecimiento de la normalidad. 4. Se condene a las autoridades demandadas al pago del incentivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 472 de 1998, teniendo en cuenta el valor de los recursos naturales renovables y no renovables en el área en disputa.
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Si los demandados son renuentes al cumplimiento de la ley, solicito se compulsen copias a los organismos de control competentes de acuerdo al fuero respectivo, para que se inicien las investigaciones pertinentes por las omisiones en que incurren.
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Se condene en costas a los demandados. Y como subsidiarias:
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Declarar que las autoridades demandadas no han cumplido a cabalidad con los deberes constitucionales y legales para defender en debida forma el territorio nacional y los bienes de uso público inherentes.
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Que como consecuencia de lo anterior se ordene a las autoridades demandadas, de acuerdo a sus competencias y funciones, impedir la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en el área del territorio nacional a que se refiere el tratado E.B.M., por cualquier persona de derecho público, privado, nacional o internacional que no esté debidamente autorizada por Colombia.
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Para lo anterior, se ordene a los demandados utilizar los mecanismos de que disponen según el Derecho Internacional, la Constitución y la ley para procurar el restablecimiento de la normalidad.
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Se condene a las autoridades demandadas el pago del incentivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 472 de 1998, teniendo en cuenta el valor de los recursos naturales renovables y no renovables en el área en disputa.
B.- HECHOS
Como fundamento de la acción el solicitante aduce los hechos relevantes que se pueden sintetizar así:
Colombia y Nicaragua por medio del tratado E.B.M., ratificado por ambas naciones en 1930, definieron plena soberanía sobre las islas de San Andrés y Providencia, y los cayos y bancos circundantes, incluyendo los de Roncador, Q. y S., lo que significa que hacen parte de la plataforma continental de Colombia, y por ese motivo el subsuelo, el mar territorial y la zona ecológica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional, son bienes públicos de la Nación Colombiana.
Nicaragua desde hace muchos años viene afirmando que el tratado arriba mencionado es nulo e inválido, y por tal motivo, como es de público conocimiento, ha tratado de diferentes formas reivindicar su soberanía sobre el territorio objeto del tratado, a través de actos públicos nacionales e internacionales que constituyen hechos notorios.
El Presidente de Nicaragua expidió el Acuerdo No. 252.2002, el cual fue publicado en la gaceta Diario Oficial de esa República el 18 de junio de 2002, por medio del cual se declararon abiertas las áreas del territorio para la exploración y explotación de hidrocarburos presentadas por el Instituto Nicaragüense de Energía, que fueron publicadas y ofrecidas en la primera ronda de licitación internacional.
El Instituto Nicaragüense de Energía en cumplimiento de lo anterior, en el mes de junio de 2002 presentó a la opinión pública a través de diferentes medios de comunicación, incluyendo su página web, el resumen de la primera...
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