Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, de 29 de Abril de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 30541832

Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera, de 29 de Abril de 2004

Ponente:Dra. Susana Buitrago Valencia Exp. No. 2004 &#x2
Actor:LUIS JAVIER MARCILLO MUÑOZ Asunto: Fallo
Fecha de Resolución:29 de Abril de 2004
Emisor:Sección Primera
 
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PROVIDENCIA No. 13 DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL TRABAJO / DEBIDO PROCESO EN EVALUACIÓN MEDICO LABORAL – Violación / RETIRO DEL SERVICIO MÉDICO – Calificación de no apto / JUNTA MEDICA LABORAL – Irregularidades en calificación de las incapacidades / TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO – Procedencia

EN PRIMER TÉRMINO, OBSERVA LA SALA QUE LA JUNTA Y EL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL VULNERARON EL ARTÍCULO 37 DEL DECRETO 094 DE 1989, SEGÚN EL CUAL LOS ORGANISMOS MÉDICO-LABORALES DE POLICÍA ENCARGADOS DE DEFINIR LAS INCAPACIDADES, DEBEN UTILIZAR TODOS LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS, PARA DETERMINAR CLARAMENTE SI LAS AFECCIONES FUERON CAUSADAS EN EL SERVICIO Y EN RAZÓN DEL MISMO, O COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN DEL ENEMIGO, ENTRE OTRAS.DE OTRO LADO ENCUENTRA TAMBIÉN LA SALA QUE SE DEJÓ DE APLICAR EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 19 DEL DECRETO 1796 DE 2000, POR CUANTO HABIÉNDOSE PRESENTADO POR EL TUTELANTE AFECCIONES DIFERENTES ENTRE LAS REGISTRADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA MEDICO LABORAL DE POLICÍA N° 1316 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000, Y LAS REGISTRADAS EN EL CONCEPTO PSIQUIÁTRICO N° 0014984 DEL 27 DE JUNIO DE 2003, TENIDAS EN CUENTA ÉSTAS ÚLTIMAS POR EL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA N° 1895-2232 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2002, DEBIÓ DARSE EXPLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 19 DE CONFORMIDAD CON EL CUAL “SI DESPUÉS DE UNA JUNTA MÉDICO LABORAL DEFINITIVA LA PERSONA CONTINÚA AL SERVICIO DE LA INSTITUCIÓN Y PRESENTA MAS ADELANTE LESIONES O AFECCIONES DIFERENTES, ÉSTAS SERÁN PRECISADAS Y EVALUADAS MEDIANTE NUEVA JUNTA MÉDICO-LABORAL

EN EL CASO DEL CAPITÁN, PESE A QUE LA JUNTA MÉDICO-LABORAL INICIAL, REUNIDA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2000 DEJÓ CONSTANCIA EN EL ACTA 1316 DEL CONCEPTO DE ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA 24112000, CONSISTENTE EN TRASTORNO POR STRESS POST-TRAUMÁTICO CRÓNICO CON ELEMENTOS DEPRESIVOS Y PARANOIDES, TRASTORNO DEPRESIVO ANSIOSO CON ELEMENTOS PSICÓTICOS, POR SU PARTE EL CONCEPTO MÉDICO DE PSIQUIATRÍA, DIRECCIÓN DE SANIDAD, ÁREA DE MEDICINA LABORAL DE 27 DE JUNIO DE 2003 CONSIGNA COMO DIAGNOSTICO: SECUELAS DEFINITIVAS: RASGOS OBSESIVOS DE LA PERSONALIDAD SE OBSERVA, ANOTANDO EXPRESAMENTE QUE EL TRASTORNO POR STRESS POST-TRAUMÁTICO ESTABA RESUELTO. ESTE CONCEPTO FUE REPRODUCIDO Y CONSIGNADO POR EL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE REVISIÓN MILITAR Y DE POLICÍA N° 1895 – 2232, EN EL ACTA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003. PERO NO EXISTE PRUEBA QUE DEMUESTRE LA NUEVA EVALUACIÓN PRACTICADA POR NUEVA JUNTA MÉDICO-LABORAL AL PACIENTE, PESE A PRESENTAR LESIONES O AFECCIONES DIFERENTES A LAS INICIALMENTE DETERMINADAS, Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19 DECRETO 1796 DE 2000.

IGUALMENTE SE TRANSGREDIÓ EL DEBIDO PROCESO AL NO APLICARSE EL NUMERAL 14 DEL ARTÍCULO 20 DEL DECRETO 1512 DE 2000, POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EL CUAL SEÑALA COMO FUNCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, LA DE CONVOCAR Y PRESIDIR EL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL DE POLICÍA. ELLO POR CUANTO LA SALA DEDUCE QUE NO EXISTIÓ CONVOCACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL INICIADO EN FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2001, EL QUE FUERE APLAZADO, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA ANOTACIÓN CONTENIDA EN EL ACTA 1895-2232 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2003, EN DONDE SOLO SE ALUDE A LA AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA LA CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL MÉDICO LABORAL OTORGADA MEDIANTE OFICIO 10623 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2002, Y DE LA EXPLICACIÓN DADA A ESTA MISMA INQUIETUD POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN SU RESPUESTA A LA TUTELA.

(…)

DE LA MISMA MANERA NO EXISTE PRUEBA ESCRITA DE LAS AUTORIDADES MÉDICO-LABORALES QUE CONOCIERON DE LA SITUACIÓN DEL ACTOR, QUE EXPLIQUE Y MOTIVE LAS RAZONES EN QUE SE APOYARON PARA EMITIR UN CONCEPTO PSIQUIÁTRICO DIFERENTE AL CONTENIDO EN LAS EVALUACIONES PRACTICADAS AL CAPITÁN POR LA MISMA ESPECIALIDAD MÉDICA (PSIQUIÁTRICA), LO CUAL PODRÍA INDICAR LA EXISTENCIA DE UNA POSIBLE CONTRADICCIÓN. TALES EVALUACIONES PSIQUIÁTRICAS SON LAS PRACTICADAS A ÉSTE LOS DÍAS 27 Y 31 DE MARZO DE 2004, LAS CUALES SEÑALAN: EN LA PRIMERA “EL EXAMEN MENTAL DE LA FECHA NO MUESTRA ALTERACIONES Y NO CALIFICA PARA UN DIAGNOSTICO DE TRASTORNO MENTAL” Y EN LA SEGUNDA “NO REALIZÓ PSICOTERAPIA YA QUE EN LA VALORACIÓN DEL DR. QUIROGA MÉDICO PSIQUIATRA MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO SE OBSERVAN ALTERACIONES MENTALES QUE LO AMERITEN.”

EN EL ANTERIOR ORDEN DE IDEAS, Y COMO QUIERA QUE EL ACCIONANTE EJERCE LA PRESENTE TUTELA PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE QUE DICE SE LE OCASIONA CON SU DESVINCULACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, POR DECLARATORIA DE NO APTO PARA EL SERVICIO, NOTIFICACIÓN QUE ESTÁ PRÓXIMO A RECIBIR AL MOMENTO DE EJERCITAR LA ACCIÓN, DECISIÓN QUE EN EFECTO SE PRODUJO POR EL DECRETO 832 DEL 16 DE MARZO DE 2004, QUE LE FUERE INFORMADA PARA NOTIFICARLE MEDIANTE AVISO POR CORREO CERTIFICADO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2004, YA QUE TALES INGRESOS LABORALES SON SU ÚNICO MEDIO DE SUBSISTENCIA, ASPECTO QUE NO FUE DESVIRTUADO POR LAS DEMANDADAS, INTERPRETA LA SALA QUE EL AMPARO CONSTITUCIONAL FUE PRESENTADO A TÍTULO DE MECANISMO TRANSITORIO, LO CUAL SIGNIFICA QUE ANTE LA PERENTORIEDAD Y GRAVEDAD QUE LOS EFECTOS DE LA MEDIDA PUEDEN ACARREARLE AL ACCIONANTE EN SU MÍNIMO VITAL, PESE A EXISTIR OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL, EL MISMO NO RESULTA IDÓNEO Y POR LO TANTO, PROCEDE LA TUTELA.

EN CONSECUENCIA, SE ACCEDERÁ A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO EN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL TRABAJO DEL CAPITÁN VULNERADOS POR LA POLICÍA NACIONAL (JUNTA MÉDICO-LABORAL) Y POR EL MINISTERIO DE DEFENSA (TRIBUNAL MÉDICO-LABORAL), DEJANDO SIN EFECTO EL DECRETO 832 DEL 16 DE MARZO DE 2004 “POR EL CUAL SE RETIRA DEL SERVICIO ACTIVO A UN OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL”, Y ORDENANDO AL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL REINTEGRARLO AL SERVICIO, SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD, CON EL RECONOCIMIENTO DE TODOS LOS EMOLUMENTOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE EL PERIODO EN QUE HAYA PODIDO ESTAR DESVINCULADO, Y ORDENANDO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES CITADAS REHACER LA TOTALIDAD DE LA ACTUACIÓN QUE DEBE CUMPLIRSE PREVIAMENTE PARA PODER DETERMINAR LA UBICACIÓN DEL ACTOR EN LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA QUE SE PRETENDE, DÁNDOLE APLICACIÓN ESTRICTA Y CUMPLIDA A LA TOTALIDAD DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA, TENIENDO EN CUENTA SUS ANTECEDENTES LABORALES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS, ACTUANDO CON CONGRUENCIA ENTRE LAS DIFERENTES EVALUACIONES PSIQUIATRÍCAS Y CONSIDERANDO EL ORIGEN DE LAS LESIONES PADECIDAS, ASÍ COMO TAMBIÉN, ANALIZANDO TODAS LAS PRUEBAS E INFORMES RECAUDADOS DENTRO DE UN CONTEXTO QUE ESTÉ A TONO CON EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA AL TRABAJO Y A LA SOLIDARIDAD, VALORES CONSTITUCIONALES DE OBLIGATORIA APLICACIÓN.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION PRIMERA SUBSECCION A

Bogotá D.C., abril veintinueve (29) del año dos mil cuatro (2004). M.. Ponente: Dra. S.B. VALENCIA Exp. No. 2004 – 0784 Acción de Tutela Accionante: L.J.M.M. Asunto: Fallo

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta por el señor L.J.M.M., contra el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, en procura de obtener protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo, debido proceso y a la igualdad.

  1. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

    Aduce el accionante que el día 28 de noviembre de 2000, se le realizó una Junta medico laboral, con el fin de valorar la capacidad, las lesiones, las secuelas, tanto físicas como mentales derivadas de un secuestro y tortura a que fue sometido el día 14 de febrero de 1996, en la cárcel modelo de Barranquilla.

    Agrega que para la valoración médico laboral, se produjeron múltiples irregularidades con violación al debido proceso que originaron que fuera declarado no apto laboralmente.

    Expresa que solicitó la correspondiente revisión del acta de la Junta medico-laboral ante el Tribunal Médico Laboral, organismo competente para resolver dicha petición.

    Que el Tribunal Medico Laboral también omitió evaluarlo correctamente, volviendo a confirmar lo dicho por la junta médico-laboral, con una serie de irregularidades y violaciones en el procedimiento que lo perjudicaron en la valoración.

    Expone que al quedar agotado cualquier otro recurso, al ser declarado no apto, está en inminente peligro de ser separado de la institución por disminución de su capacidad física, evento en el que se quedaría sin trabajo y sin sustento para él y su familia, causándosele un perjuicio irremediable.

    Manifiesta que los días 27 y 31 de marzo de 2004, se valoró y examinó por psicólogos y psiquiatras de la policía nacional, quienes emitieron concepto favorable en el sentido de encontrarse en total estado de lucidéz, con lo cual no calificaría para un diagnostico de trastorno mental.

    Señala que se desconoció en su totalidad el artículo 18 del Decreto 1796 de septiembre 14 de 2000, al dar inicio al proceso de autorización mediante los oficios N° 2519 del 17 de octubre de 2000 y N° 6576, donde el C. de la Policía Metropolitana de Bogotá solicita al Director de Sanidad de la Policía su intervención ante medicina laboral para resolver la situación medico-laboral, mientras que lo que la norma exige es que la solicitud a medicina laboral provenga del Director de Sanidad.

    Refuta el contenido del oficio 2519 del 17 de octubre de 2000 suscrito por el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde afirma que presenta problemas de salud, afecta considerablemente el servicio, se presenta con restricciones laborales, no ha sido posible hasta la fecha poder ubicarlo, no ponga en peligro su vida o la de los demás, puesto que a continuación, inmediatamente fue designado como Subdirector del centro de capacitación de Bogotá sin ningún problema como consta en la hoja de vida y conceptos laborales.

    Explica que Medicina Laboral de la Policía Nacional lo declaró no apto sin tener en cuenta las condiciones psicofísicas y el desempeño laboral, como lo es constancia laboral del 26 de octubre de 2000, calificación de evaluación de oficiales anual del 31-10-99 al 31-10-2000, constancia laboral del 20 de noviembre de 2000, solicitud de escalofamiento al General Castro y concepto del 13 de diciembre de 2000 donde se evalúa el trabajo de siete meses en esa Unidad.

    Menciona que lo citaron mediante los oficios N° 006509 del 25 de octubre de 2000, 006561 del 25 de octubre de 2000, 9445 del 30 de octubre de 2000, 007101 del 20 de noviembre de 2000 y 10140 del 30 de noviembre de 2000, para valoración médica sin ningún resultado, en los cuales argumentaban los médicos de la Junta que no tenían documentos completos, concluyendo así de manera apresurada la emisión del concepto, y en forma poco eficiente.

    Argumenta que se desconoció por completo el parágrafo del artículo 34 del Decreto 094 de 1989, respecto del incumplimiento de exámenes y pruebas, puesto que si el proceso se ve interrumpido por más de treinta días sin justa causa, se entenderá por parte del interesado que renuncia sobre tal incumplimiento.

    Agrega que se desconoció el parágrafo del artículo 16 del Decreto 1796 del 14 septiembre de 2000, por considerar que no hay concepto definitivo de psiquiatra como médico tratante del caso, que el concepto de los especialistas tiene fecha 24 de noviembre de 2000 y Medicina laboral envió este concepto dos años después.

    Expone que en el caso se dio inicio al estudio el 20 de noviembre de 2000, cuatro días después llega concepto médico, ocho días después se realizó junta medico laboral y 8 días después me notifican de la junta médica, observándose de manera clara la falta de seriedad de los estudios realizados con atropellos a los derechos del accionante.

    Señala que los médicos de la Junta médico laboral atendieron al peticionario a las 10:30 AM y en ningún momento lo examinaron, que simplemente se limitaron a preguntarle los datos personales y luego empezaron a llenar un formulario de tiempo y desempeño profesional en la policía.

    Que con el oficio 1316 del 28 de noviembre de 2000, que tiene nota de recibido en la parte inferior lado derecho a las 11:00 horas, se muestra así la falta de profesionalismo al realizar un examen físico y psicológico que se efectúa con afán, sin guardar sus correspondientes derechos.

    Aduce que hay prueba de la desigualdad de la que se ha visto victimado en los procedimientos de valoración médica ya que en la junta médica de psiquiatría hubo presión, fueron afanados, manipuladores, cambian fechas permanentemente, lo citaron sin argumentos y para ortopedia y cirugía no se han pronunciado.

    Explica que la Junta médica laboral N° 1316 del 28 de noviembre de 2000, registra en el literal B antecedentes del informativo no le figura informe administrativo, cuando sí existía informativo prestacional numero 0032 de 1996 y enviado mediante oficio 0622 del 9 de abril de 1997.

    Señala que mediante varios oficios informo de las irregularidades de la Junta médica laboral 1316, a los Jefes de talento humano y área de medicina laboral.

    Agrega que igualmente mediante varias comunicaciones solicitó al Director de Sanidad permiso para estudiar, recibiendo como respuesta la cancelación y no autorización de éste, así para reubicarlo en algún cargo, sin que le hubieren dado a conocer las razones que motivaron tales decisiones.

    Que las irregularidades en el proceso de valoración médica en que incurrió la junta médica laboral y el tribunal Médico Laboral N° 1895-2232, aparecen registradas al folio 237-092 del libro de Tribunales del 16 de septiembre de 2003, donde se le declara no apto bajo un numeral diferente al concepto de fecha 270603.

    Que existió violación al debido proceso por el mal procedimiento y la calificación del Tribunal Médico Laboral, al desconocerse el concepto médico del 270603 y la respuesta del derecho de petición del 181103 firmado por tres médicos psiquiatras, que hacen constar que su situación médica está resuelta, que el examen es normal y asintomático, siendo las lesiones sufridas consecuencia del amotinamiento de la cárcel modelo de Barranquilla al ser secuestrado y torturado por los reclusos, lesiones calificadas mediante informe administrativa 032 de 1993 como ocurridas en servicio, como consecuencia de la acción del enemigo (Literal c).

    Que se desconocieron los artículos 21, 24 y 37 del Decreto 094 de 1989. Que la Junta médica 1316 y el Tribunal no calificaron el origen de las lesiones, y el último desconoció el informativo prestacional 032 de 1996.

    Que el tribunal Médico emite un nuevo concepto sin ninguna valoración de especialistas en psiquiatría, y que en la historia clínica o antecedentes clínicos no aparece registrado el concepto de neurosis obsesiva compulsiva. Que como no recibió tratamiento para esta patología, el Tribunal desconoce los artículos 15 y 16 del Decreto 1796 al omitir el diagnostico evolución tratamiento y pronostico de lesiones o afecciones basadas en concepto escrito de especialista, no pudiéndose así establecer el concepto de secuelas permanentes.

    Sostiene que el Tribunal no expresó ningún argumento y carece de prueba contundente respecto a que durante el tiempo de servicio exista antecedente de algún problema que interfiera en la ejecución del mismos: La hoja de vida es intachable y con felicitaciones; Folio de vida excelente con anotaciones positivas; conceptos laborales de los superiores calificándolo como excelente profesional; evaluaciones anuales en lista uno y sobresalientes, entre otras.

    El Tribunal médico dice el 3 de septiembre de 2001 que analizaron la documentación enunciada y acordaron las conclusiones que están contenidas en el acta, pero apenas se las informan tres años después el 19-10-03.

    La junta del Tribunal Médico laboral tomó la decisión sin su presencia.

  2. TRAMITE DE LA ACTUACIÓN Y RESPUESTA DEL ACCIONADO

    Por auto del 16 de abril del presente año, se dispuso admitir la presente acción de tutela y se ordenó la notificación al señor Ministro de Defensa Nacional y al señor D. General de la Policía Nacional, para que se enteraran de la existencia de la presente acción y en el termino de 48 horas expusieran lo que consideraran pertinente para los fines de su derecho de defensa e informaran las razones por las cuales no se cumplieron los procedimientos normativos para calificación y valoración médica laboral.

    En cumplimiento al anterior requerimiento, el Director de Sanidad de la Policía Nacional, mediante oficio 02635 de fecha 21 de abril de 2004, manifestó que respecto de la presunta vulneración a los derechos fundamentales constitucionales a la defensa y al debido proceso, es necesario hacer mención a las normas sobre el proceso médico laboral para el personal de la Policía Nacional y además tener en cuenta que hizo uso de las dos instancias que hay dentro del proceso médico laboral, habiendo quedado agotada la vía gubernativa y procediendo el uso de la jurisdicción contencioso administrativa.

    Que en lo atinente a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos mediante los cuales fue declarado no apto, manifiesta que es objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, motivo por el cual tiene otras acciones y no existe violación a los derechos fundamentales, más aun cuando las decisiones del Tribunal son obligatorias e irrevocables.

    Aclara que en el escrito de tutela encuentra una inconformidad con la decisión contenida en el acta de la junta médica laboral y Tribunal médico laboral en cuanto a la declaratoria de no aptitud, citación que a la luz de las normas vigentes no es legalmente viable que se decida por tutela al existir otro mecanismo de defensa.

    Agrega que en cuanto a las pretensiones del accionante observa que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional ha adelantado el proceso médico laboral con base en la obtención de los conceptos de los especialistas requeridos, los cuales son indispensables para que los organismos médico laborales pudieran valorar las secuelas definitivas.

    Luego de transcribir apartes de la sentencia de la H. Corte Constitucional T-640/96, expone que en este momento ningún derecho fundamental se le ha visto vulnerado, la acción de tutela es de carácter residual, por lo que al existir otras vías de índole judicial, no procede por este mecanismo la reclamación, máxime cuando los derechos no se encuentran en peligro inminente.

    Finaliza señalando que con todas estas actuaciones se demuestra claramente que el accionante ha desgastado inoficiosamente el aparato judicial y administrativo, pues es notorio y ostensible que al verificar las actuaciones y antecedentes, no existe asidero jurídico que sirva de base para interponer la acción de tutela atacando un proceso que ésto claramente reglado, toda vez que la no aptitud hace referencia al desempeño de la actividad policial, cuyas funciones están claramente estipuladas en el artículo 218 de la Constitución Nacional, sin que esto implique que el accionante pueda desempeñarse en actividades diferentes a la policial.

    Igualmente la asesora jurídica del Tribunal Médico Laboral del Ministerio de Defensa Nacional contesta la demanda, manifestando que vale la pena recabar que si el tutelante esta inconforme con las decisiones del Tribunal Médico, el procedimiento legal es ejercer las acciones jurisdiccionales pertinentes, por encontrase agotada la vía gubernativa y teniendo en cuenta que tales decisiones son irrevocables de acuerdo con el Decreto 1796 de 2000.

    Que el actor presenta en sus actuaciones ante la administración falta de armonía entre la motivación y sus argumentos para solicitar que se le autorizara la revisión por parte del Tribunal médico laboral, en relación con su afectación psiquiatrica, la cual puso de presente cuando manifestó que se encontraba padeciendo “situaciones traumáticas permanentes”, para después del tratamiento médico y que de la emisión del psiquiatra tratante, cambiar el concepto en el sentido de indicar ahora que está en perfectas condiciones, normal, que su trabajo lo obliga a ser estricto, ordenado y puntual.

    Anota que el Decreto 094 de 1989 en el título VII artículos 47 a 86 contempla la clasificación de las lesiones y afecciones generales de la aptitud del servicio en las cuales está el contenido de el numeral 3-029 que corresponde a neurosis obsesiva compulsiva.

    Explica que al parecer la acción de tutela se orienta a tratar por este medio de controvertir las decisiones del tribunal médico, al respecto menciona que en reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha expresado, que dicha acción no es simultanea, paralela, acumulativa o alternativa de procedimientos ordinarios, está dirigida a la defensa judicial de los derechos fundamentales y no para sustituir la protección del régimen normal de legalidad.

    Finalmente solicita que en virtud de lo previsto en el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, se rechace por improcedente la presente acción e tutela, toda vez que no existe razón fáctica o jurídica que demuestren que el Ministerio de Defensa Nacional o la Policía Nacional hayan vulnerado derechos fundamentales del accionante.

  3. CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Como lo ha expresado en reiteradas oportunidades esta Corporación, la Acción de Tutela se erige como un mecanismo procesal, residual y subsidiario que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, o de un particular en los casos previstos en la ley.

    Tal instituto jurídico busca brindar protección efectiva, actual y supletoria, en orden a la garantía de los derechos constitucionales fundamentales; y no es propio de esta acción remplazar los proceso judiciales ordinarios creados por el ordenamiento legal en los ámbitos de competencia de los jueces, salvo la excepción cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y la situación planteada en este sentido resulte acreditada.

    3.1 OBJETO DE LA PRETENSIÓN

    En el caso que es objeto de estudio, pretende el accionante la protección de los derechos constitucionales fundamentales al trabajo, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por el Director General de la Policía Nacional y el Ministro de Defensa, al no cumplir los procedimientos normativos para calificación y valoración médica laboral, considerando así que se encuentra en un estado de total indefensión.

    3.2 LO QUE APARECE PROBADO:

    Revisadas las piezas probatorias aportadas por el accionante y las entidades demandadas, encuentra la Sala las siguientes existencias.

    - Informe administrativo 0032/96 de los hechos ocurridos en la cárcel modelo de Barranquilla el 14 de febrero de 1996, expedido por el comandante de la Policía Atlántico, y califica el por causa del servicio y razón al mismo.(fl. 266)

    - Oficio del Director General de la Policía Nacional, en el cual modifica la calificación anterior y disponiendo en su lugar, en causa al servicio como consecuencia de la acción del enemigo. (fl. 267)

    - Memorando 02519 del 17 de octubre de 2000, emitido por el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y dirigido al Director de Sanidad de la Policía Nacional, donde se solicita que le definan la situación médica laboral al accionante. (fl. 9) - Constancia laboral del centro de capacitación metropolitano de fecha 26 de octubre de 2000 (fl.10)

    - Evaluación de desempeño del C.M.M.L.J. de fecha 31 de octubre de 2000 (fl 11)

    - Constancia laboral del centro de capacitación metropolitano de fecha 20 de noviembre de 2000 (fl. 13)

    - Concepto del 13 de diciembre de 2000, emitido por la Directora del centro de capacitación (fl 14)

    - Autorización concepto laboral del 20 de noviembre de 2000 (fl. 265)

    - Acta de Junta Médica Laboral N° 1316 del 28 de noviembre de 2000. (fl 4)

    - Valoración psiquiatrica del 27 de junio de 2003, donde se diagnostica rasgos obsesivos de la personalidad y se considera el trastorno por estrés postraumático resuelto. (fl. 322)

    - Solicitud de aclaración de la junta médica laboral N° 1316 de 2000 por no tener en cuenta el informativo administrativo 0032/96 dirigida al jefe de la oficina médico-laboral (fl. 33)

    - Derecho de petición de marzo 16 de 2001, donde el accionante solicita la convocatoria a Tribunal médico por no ser acordes con la realidad el acta de junta Medico Laboral (fl 293)

    - Historia de evaluación de la Clínica la Paz. (fl.1)

    - Acta del Tribunal Médico Laboral N° 1895-2232 de fecha 16 de septiembre de 2003, en la cual se modifica las conclusiones del acta 1316 de 2000 (fl 57)

    - Fotocopias informales de la hoja de vida del accionante a folios 75 y ss.

    - A folios 179 y s.s. fotocopias de los diferentes proyectos de seguridad presentados al Director General de la Policía Nacional.

    - Respuesta al derecho de petición presentado el 18 de noviembre de 2003 contra el concepto de psiquiatría del 27 de junio de 2003

    - Acta aclaratoria del Tribunal Médico Laboral del 11 de diciembre de 2003 respecto de la conclusión E. (fl. 304)

    - Petición dirigida al S. General del Ministerio de Defensa Nacional, de no dar trámite al retiro del servicio por calificación laboral de no aptitud, de fecha 16 de marzo de 2001 (fl 293)

    - Decreto 832 del 16 de marzo de 2004 por el cual se retira del servicio al oficial accionante.

    - Oficio 715 del 5 de abril de 2004, donde se envía en correo certificado al accionante dicho decreto. - Memorando SEGEN-OFJUR-760, dirigido a la asesora jurídica de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, donde se responde que en ningún momento de ha violado el debido proceso del accionante.

    3.3 DE LA DECISIÓN

    Analizados por la Sala el acervo probatorio constituido en especial por las piezas que conforman el expediente de la actuación administrativa adelantada al tutelante por la Policía, así como las contestaciones de la demanda allegadas, encuentra la Sala que el reclamo de protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo, invocados por el accionante, hallan respaldo expedencial, estando por tanto llamado a prosperar el amparo constitucional, en esencia, por encontrase en efecto, la existencia de deficiencias en el procedimiento administrativo adelantado por la Junta Medico-laboral y el Tribunal Médico para la valoración y consecuente declaratoria de no apto del tutelante C. L.J.M.M..

    A esta conclusión llega la Sala con fundamento en las siguientes razones:

    ➢ En un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, fundado en el respeto a la dignidad humana y en la solidaridad de las personas que la integran, una situación como la afrontada por el tutelante, de alto riesgo y peligrosidad padecida en el servicio activo, que expuso su vida misma como integrante de la Policía Nacional, altamente traumática y propiciante de secuelas, circunstancias de las que dan cuenta los informes administrativos suscritos por el Director de la Policía Nacional Seccional Atlántico y por el propio Director Nacional del mismo Organismo, exigían, sin lugar a dudas, del ente público nominador, el mayor de los cuidados en el seguimiento de las condiciones laborales y personales del afectado, así como en la decisión a tomar respecto a su futuro en la Institución o fuera de ella.

    ➢ Es así como la aplicación que se debió dar a los estatutos legales que regulan la situación administrativa en que se calificó al Capitán, debió estar regida por un estricto procedimiento garantista de su derecho de defensa. Tales normas corresponden a el Decreto 84 de 1989 “Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales, suboficiales de las fuerzas militares y de Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional” ; Decreto 1796 de 2000 “Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa y las fuerzas militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”; Decreto 1791 de 2000 “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”, y Decreto 1512 de 2000 “ Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones”, Pero ello no fue así.

    ➢ En primer término, observa la Sala que la Junta y el Tribunal Médico Laboral vulneraron el artículo 37 del Decreto 094 de 1989, según el cual los Organismos médico-laborales de policía encargados de definir las incapacidades, deben utilizar todos los documentos allegados, para determinar claramente si las afecciones fueron causadas en el servicio y en razón del mismo, o como consecuencia de la acción del enemigo, entre otras.

    En el sub-examine si bien existió INFORME ADMINISTRATIVO POR LESIONES (fl 266) emitido primero por el Comandante del Departamento del Atlántico y luego por el Director General de la Policía Nacional, los cuales se incorporaron tanto a la Hoja de Vida del Capitán, como al área de medicina laboral el 7 de junio de 1997, a donde fueron remitidos, el mismo no fue tenido en cuenta por las autoridades médico-laborales tal y como se evidencia del contenido de las actas respectivas, ocasionándose que el dictamen médico definitivo dejara de considerar el origen de las afecciones basado en una de las circunstancias del artículo 35, como lo dispone el 37 del Decreto citado ene la artículo anterior, y concretamente para el suceso en estudio, en las circunstancias previstas en el literal C del artículo primeramente mencionado: Que el C.M.M. adquirió la afección en el servicio, como consecuencia de la acción del enemigo.

    ➢ De otro lado encuentra también la Sala que se dejó de aplicar el parágrafo del artículo 19 del Decreto 1796 de 2000, por cuanto habiéndose presentado por el tutelante afecciones diferentes entre las registradas en el Acta de la Junta Medico Laboral de Policía N° 1316 del 28 de noviembre de 2000, y las registradas en el concepto psiquiátrico N° 0014984 del 27 de junio de 2003, tenidas en cuenta éstas últimas por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía N° 1895-2232 del 16 de septiembre de 2002, debió darse explicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 19 de conformidad con el cual “Si después de una Junta Médico laboral definitiva la persona continúa al servicio de la institución y presenta mas adelante lesiones o afecciones diferentes, éstas serán precisadas y evaluadas mediante nueva junta médico-laboral

    En el caso del Capitán, pese a que la junta médico-laboral inicial, reunida el 28 de noviembre de 2000 dejó constancia en el acta 1316 del concepto de especialista en psiquiatría 24112000, consistente en trastorno por stress post-traumático crónico con elementos depresivos y paranoides, trastorno depresivo ansioso con elementos psicóticos, por su parte el concepto médico de psiquiatría, Dirección de Sanidad, área de medicina Laboral de 27 de junio de 2003 consigna como diagnostico: Secuelas definitivas: Rasgos obsesivos de la personalidad se observa, anotando expresamente que el trastorno por stress post-traumático estaba resuelto. Este concepto fue reproducido y consignado por el Tribunal Médico laboral de revisión Militar y de Policía N° 1895 – 2232, en el acta del 16 de septiembre de 2003. Pero no existe prueba que demuestre la nueva evaluación practicada por nueva junta médico-laboral al paciente, pese a presentar lesiones o afecciones diferentes a las inicialmente determinadas, y en los términos del artículo 19 Decreto 1796 de 2000.

    ➢ Igualmente se transgredió el debido proceso al no aplicarse el numeral 14 del artículo 20 del Decreto 1512 de 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, el cual señala como función del S. General del Ministerio de Defensa Nacional, la de convocar y presidir el Tribunal Médico Laboral de Policía. Ello por cuanto la Sala deduce que no existió convocación previa de la autoridad competente para la realización del Tribunal Médico Laboral iniciado el fecha 3 de septiembre de 2001, el que fuere aplazado, según se desprende de la anotación contenida en el Acta 1895-2232 del 16 de septiembre de 2003, en donde solo se alude a la autorización del Secretario del Ministerio de Defensa para la convocatoria del Tribunal Médico Laboral otorgada mediante oficio 10623 del 22 de noviembre de 2002, y de la explicación dada a esta misma inquietud por parte del Ministerio de Defensa en su respuesta a la tutela, punto dos a folios 285 del expediente.

    ➢ Además, para la Sala es de recibo lo manifestado por el accionante en cuanto se debieron haber considerado por las autoridades médico-laborales que definieron su situación de no aptitud para el servicio, sus recientes antecedentes laborales de los últimos años, tales como las anotaciones de felicitaciones registradas con posterioridad a la fecha del suceso que dio origen a las lesiones. Tampoco se le tuvieron en cuenta las constancias de buen desempeño laboral y felicitaciones que le fueran otorgadas durante el período en que se cumplió la actuación administrativa, controvertida en la tutela, una de las cuales incluso fue remitida por su superior jerárquica a la junta médico-laboral el 13 de diciembre de 2000 (fl. 377)

    ➢ De la misma manera no existe prueba escrita de las autoridades médico-laborales que conocieron de la situación del actor, que explique y motive las razones en que se apoyaron para emitir un concepto psiquiátrico diferente al contenido en las evaluaciones practicadas al Capitán por la misma especialidad médica (Psiquiátrica), lo cual podría indicar la existencia de una posible contradicción. Tales evaluaciones psiquiátricas son las practicadas a éste los días 27 y 31 de marzo de 2004, las cuales señalan: en la primera “El examen mental de la fecha no muestra alteraciones y no califica para un diagnostico de trastorno mental” y en la segunda “No realizó psicoterapia ya que en la valoración del Dr. Quiroga Médico Psiquiatra manifiesta que a la fecha no se observan alteraciones mentales que lo ameriten.”

    ➢ En el anterior orden de ideas, y como quiera que el accionante ejerce la presente tutela para evitar un perjuicio irremediable que dice se le ocasiona con su desvinculación de la Policía Nacional, por declaratoria de no apto para el servicio, notificación que está próximo a recibir al momento de ejercitar la acción, decisión que en efecto se produjo por el Decreto 832 del 16 de marzo de 2004 a folio 388, que le fuere informada para notificarle mediante aviso por correo certificado de fecha 15 de abril de 2004, ya que tales ingresos laborales son su único medio de subsistencia, aspecto que no fue desvirtuado por las demandadas, interpreta la Sala que el amparo constitucional fue presentado a título de mecanismo transitorio, lo cual significa que ante la perentoriedad y gravedad que los efectos de la medida pueden acarrearle al accionante en su mínimo vital, pese a existir otro medio de defensa judicial, el mismo no resulta idóneo y por lo tanto, procede la tutela.

    En consecuencia, se accederá a la protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo del C.L.J.M.M., vulnerados por la Policía Nacional (Junta médico-Laboral) y por el Ministerio de Defensa (Tribunal Médico-Laboral), dejando sin efecto el Decreto 832 del 16 de marzo de 2004 “Por el cual se retira del servicio activo a un oficial de la Policía Nacional”, y ordenando al Ministro de Defensa Nacional reintegrarlo al servicio, sin solución de continuidad, con el reconocimiento de todos los emolumentos dejados de percibir durante el periodo en que haya podido estar desvinculado, y ordenando a las autoridades competentes citadas rehacer la totalidad de la actuación que debe cumplirse previamente para poder determinar la ubicación del actor en la situación administrativa que se pretende, dándole aplicación estricta y cumplida a la totalidad de las disposiciones legales que rigen la materia, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales de los últimos años, actuando con congruencia entre las diferentes evaluaciones psiquiatrícas y considerando el origen de las lesiones padecidas, así como también, analizando todas las pruebas e informes recaudados dentro de un contexto que esté a tono con el respeto a la dignidad humana al trabajo y a la solidaridad, valores constitucionales de obligatoria aplicación.

    Por el contrario no se le amparará en el derecho a la igualdad, por cuanto no logró acreditar su vulneración.

    En merito de lo expuesto el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION PRIMERA, SUBSECCION A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

    FALLA:

PRIMERO

AMPARAR al señor L.J.M.M., identificado con cédula de ciudadanía número 12.988.950 de Pasto, en sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo vulnerados por la Policía Nacional (Junta médico-Laboral) y por el Ministerio de Defensa (Tribunal Médico-Laboral), atendiendo a las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO

Como consecuencia de este amparo constitucional, dejar sin efecto el Decreto 832 de 2004.

TERCERO

Se ordena al Ministro de Defensa Nacional reintegrar al señor L.J.M.M. al servicio activo, sin solución de continuidad, con el reconocimiento de todos los emolumentos dejados de percibir durante el periodo en que haya podido estar desvinculado, y a las autoridades competentes citadas, rehacer la totalidad de la actuación que debe cumplirse previamente para poder determinar la ubicación del actor en la situación administrativa que se pretende, dándole aplicación estricta y cumplida a la totalidad de las disposiciones legales que rigen la materia, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales de los últimos años, actuando con congruencia entre las diferentes evaluaciones psiquiatrícas y considerando el origen de las lesiones padecidas, así como también, analizando todas las pruebas e informes recaudados dentro de un contexto que esté a tono con el respeto a la dignidad humana al trabajo y a la solidaridad, valores constitucionales de obligatoria aplicación.

CUARTO

N. esta providencia a las partes en la forma establecida en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO

No hay lugar a costas.

SEXTO

Si este fallo no fuere impugnado, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Discutido y aprobado en Sala de la fecha. Acta N° .-

Los Magistrados,

SUSANA BUITRAGO VALENCIA

HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS

WILLIAM GIRALDO GIRALDO

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