Auto Nº 6662 de Tribunal para la Paz - Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, 12-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852011223

Auto Nº 6662 de Tribunal para la Paz - Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, 12-11-2020

Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2020
Emisor:Sección con ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas
 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD

M.C. 002 de 2018

AUTO AT 190 de 2020

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2020

Expediente

Radicado

Solicitante

20193340161400043E

202002007437

Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado-MOVICE

Asunto

Remite solicitud de medidas de protección personal

Magistrado Sustanciador

Gustavo A. Salazar Arbeláez.

  1. ASUNTO POR RESOLVER

Por medio de esta decisión la presente Sala Dual se permite remitir la solicitud de protección presentada por el MOVIMIENTO RÍOS VIVOS COLOMBIA (Ríos Vivos) a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para lo de su competencia.

  1. ANTECEDENTES

  1. Por medio del Auto 001 de 14 de septiembre de 2018 la SAR avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por nueve (9) ciudadanos colombianos[1], en su condición de “familiares de personas dadas por desaparecidas y representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado” —una coalición que, según indicaron, reúne a más de 200 organizaciones de víctimas—, con la cual pretenden el cuidado, la protección y la preservación de dieciséis (16) lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada[2]. Así mismo, con el Auto AT-048 del 25 de septiembre de 2019, se incluyó como otro lugar de cuidado, protección y preservación el municipio de Dabeiba (Antioquia), de manera que el presente trámite corresponde a diecisiete (17) lugares del territorio nacional

  1. A través del Auto AT-009 del 10 de mayo de 2019, en aplicación del enfoque territorial y del principio de reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho, la SAR decidió dividir el estudio, análisis y trámite procesal de la solicitud de protección, conservación y preservación de lugares objeto de la petición de medidas cautelares en cinco (5) grupos, atendiendo las particularidades de cada uno de ellos. La situación relativa al proyecto Hidroituango quedó incluida en el cuaderno asignado al departamento de Antioquia, el cual a su vez fue repartido a los Magistrados Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez y Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, en sesión ordinaria No. 20 de 9 de mayo de 2019

  1. El 24 de mayo de 2019 el MOVICE[3] solicitó la realización de una reunión de carácter urgente con el fin de establecer un plan de protección de las personas y organizaciones que hacen parte de ese movimiento que eventualmente pudieran verse afectadas en razón o como consecuencia de su participación en el presente trámite

  1. Como consecuencia de lo anterior, el Magistrado Sustanciador transmitió esta solicitud a la Dirección de la Unidad de Investigación y Acusación de esta jurisdicción (UIA) a través de oficio radicado en sus instalaciones el 6 de junio de 2019.

  1. Mediante oficio radicado el 8 de julio de 2019, el Magistrado Sustanciador informó a la Dirección de la UIA acerca de la agravación de la situación de riesgo y vulnerabilidad de los peticionarios del MOVICE que habían solicitado el diseño de un plan global de protección en el mes de mayo de 2019. En consecuencia, solicitó a la UIA un concepto de seguridad y sus recomendaciones de protección para el trámite de la audiencia que se realizaría en Medellín (Antioquia), los días 17 y 18 de julio de 2019[4].

  1. Por medio del Auto AT-053 del 30 de septiembre de 2019 la SAR resolvió solicitar al Director de la UIA que:

(i) Coordinara una reunión entre el Grupo Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes al interior de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y representantes del MOVICE y RÍOS VIVOS, con el propósito de analizar el riesgo que represente para la vida, la seguridad y/o la integridad de las víctimas su participación en la audiencia convocada mediante el Auto A.T. 035 de 28 de agosto de 2019;

(ii) Ordenara al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes al interior de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la reunión con representantes del MOVICE y RÍOS VIVOS, realizara el estudio de riesgo de las víctimas iban a intervenir en la audiencia convocada mediante el Auto A.T. 035 de 28 de agosto de 2019;

(iii) Con base en dicho estudio, tomara medidas de emergencia, incorporando análisis de contexto y del riesgo que supondría la realización del evento, con miras a garantizar la protección de la vida, la integridad y la seguridad personal de las víctimas que intervendrán en la audiencia convocada mediante el Auto A.T. 035 de 28 de agosto de 2019; y, paralelamente,

(iv) Adoptara medidas de emergencia, incorporando análisis de contexto y del riesgo que supondría la realización del evento, con miras a garantizar la protección de la vida, la integridad y la seguridad personal del personal de la JEP, los funcionarios y empleados de distintas entidades y empresas, los testigos y demás intervinientes que iban a participar en la audiencia convocada mediante el Auto A.T. 035 de 28 de agosto de 2019[5].

  1. En el curso del presente trámite a la fecha se han realizado tres (3) audiencias públicas con el propósito de recaudar más información, promover el entendimiento interinstitucional necesario entre las diferentes entidades públicas competentes pero, también, con las instituciones privadas con conocimiento o interés en el asunto objeto de las medidas requeridas y, sobre todo, facilitar la participación directa de los familiares y allegados de las víctimas de desaparición forzada en los diferentes lugares, considerada como “necesaria e insustituible[6].

Para efectos de lo anterior, y en virtud del principio de centralidad de las víctimas[7], en primer lugar se solicitó al MOVICE presentar un listado de las personas que se presumen como desaparecidas en los lugares objeto de la solicitud de medidas cautelares, así como de las personas que quisieran manifestarse en la respectiva audiencia; y, en segundo lugar, se abrieron espacios para la participación de otras víctimas que, aunque no hicieran o no quisieran hacer parte de esa organización, en todo caso también desearan tomar parte de la diligencia, y esto principalmente a través del Departamento de Atención a las Víctimas de la Secretaría Ejecutiva (SE) [8], así como del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa de la jurisdicción[9].

  1. De las tres audiencias mencionadas, dos se celebraron en la ciudad de Medellín (relativas a los desaparecidos en la Comuna 13[10] y a los desaparecidos de municipios ubicados en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidrotuango[11]) y una en la ciudad de Cartagena de Indias (relativa a los desaparecidos en el municipio de San Onofre[12]). Es preciso destacar que para el caso de la segunda de estas audiencias se convocó expresamente a RÍOS VIVOS[13], organización a la que, al igual que el MOVICE, se le solicitó remitir:

a) Un listado de las personas dadas por desaparecidas que se presume se encuentran en el territorio de alguno de los seis (6) municipios mencionados o, en todo, caso en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico.

b) Un listado de las personas que quieran participar del presente trámite, por cuanto tengan familiares, seres queridos o a su cargo que fueron víctimas del delito de desaparición forzada y cuyos cuerpos o cuerpos esqueletizados presumen puedan encontrarse en el territorio de algunos de esos seis (6) municipios.

c) La información de la que dispongan respecto a posibles lugares de inhumación, con la mayor precisión posible o, en su defecto, la ruta para obtener aquella que conozcan[14].

Lo anterior, toda vez que: (a) en su solicitud de medidas cautelares, los representantes del MOVICE hicieron mención expresa al Movimiento Ríos Vivos de Antioquía”, integrado por “asociaciones de barequeros, pescadores, agricultores, arrieros, mujeres y jóvenes que habitan en el cañón del río Cauca y sus zonas aledañas, en comunidades afectadas por el megaproyecto”, indicando que fueron ellos quienes “identificaron que uno de los impactos de la obra era la afectación de sitios de enterramiento, fosas comunes, cementerios veredales e informales, lugares en donde se vio a los seres queridos o donde fueron...

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