Auto Nº 6663 de Tribunal para la Paz - Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, 12-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852011230

Auto Nº 6663 de Tribunal para la Paz - Sección con Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, 12-11-2020

Fecha de Resolución:12 de Noviembre de 2020
Emisor:Sección con ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas
 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

TRIBUNAL PARA LA PAZ

SECCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA PARA CASOS DE AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD Y RESPONSABILIDAD

M.C. 002 de 2018

AUTO AT - 192 de 2020

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2020

Expediente

Radicado

Solicitante

2020340900100001E

202002007469

Movimiento Nacional de víctimas de Estado-MOVICE

Asunto

Resuelve solicitud de la Alcaldía de Medellín en relación con las medidas cautelares de protección decretadas en el Jardín Cementerio El Universal.

Magistrado Sustanciador

Gustavo A. Salazar Arbeláez.

  1. ASUNTO POR RESOLVER

La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) procede a resolver solicitud elevada por la Alcaldía de Medellín, luego de las medidas cautelares adoptadas sobre el Jardín Cementerio El Universal (JCU) por medio del Auto AT-110 de 2020.

  1. ANTECEDENTES

  1. Por medio del Auto 001 de 14 de septiembre de 2018 la SAR avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), con la que se pretende el cuidado, la protección y la preservación de dieciséis (16) lugares del territorio nacional ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en donde podrían encontrarse cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada[1]

  1. Por medio del Auto AT-110 del 29 de julio de 2020, la SAR decretó una medida cautelar de carácter preventivo sobre el Jardín Cementerio Universal de la ciudad de Medellín (JCU), “consistente en la prohibición de exhumaciones e inhumaciones y traslados de cuerpos […] en ocho (8) zonas, por un lapso de ciento veinte (120) días, a fin de garantizar los objetivos consignados en la parte motiva y el desarrollo integral del plan interinstitucional[2]

Lo anterior, toda vez que “advirtiendo en todo caso el uso ordinario y la necesidad de ese cementerio que tiene la Alcaldía de Medellín y, más, directamente, que tienen los habitantes de esa ciudad y su área metropolitana, particularmente personas de escasos recursos, así como partiendo del presupuesto de que todavía no ha sido posible construir un diagnóstico integral y suficiente sobre toda la realidad del JCU”, la Sección consideró que resultaba “desproporcionado e inconveniente adoptar una medida cautelar que suponga la clausura absoluta de todo el cementerio” y que, por el contrario, era “suficiente y razonable ordenar el cierre y la consecuente suspensión del servicio en las zonas que hasta ahora han sido intervenidas, abordadas u objeto de las recomendaciones presentada por la alcaldía de Medellín, como son las zonas 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 29A, excluyéndose por las razones arriba expuestas la zona 25[3] (subrayado fuera del texto).

Y esto último sin perjuicio de señalar “que[,] en materia de inhumaciones, exhumaciones o reubicaciones[,] en todo caso la administración del JCU deberá implementar de manera pronta y cierta un proceso que le permita adaptar sus prácticas a las establecidas en protocolos nacionales e internacionales existentes, como es el Sello Narces, así como cumplir integralmente con lo dispuesto en Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social, ‘Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres’, así como en el Decreto 303 de 2015, ‘Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010’, donde, a su vez, ‘se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación’[4].

  1. De igual forma, en la misma decisión la SAR resolvió decretar una segunda medida cautelar “consistente en PROTEGER, copiar y clasificar, toda la información que sobre las zonas mencionadas […] tenga o custodie la administración del JCU, permitiendo el acceso exclusivamente a los funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que sean asignados al presente trámite, así como a los funcionarios de esta Sección que sean previamente autorizados para hacerlo[5]

  1. Como consecuencia de lo anterior, en la misma decisión se ordenó a la Alcaldía “llevar a cabo de manera INMEDIATA el sellamiento de las zonas del JCU antes mencionadas […] informando a esta Sección de su cumplimiento de manera oportuna[6]; y que “en coordinación con la Administración del JCU, proceda a reparar el muro perimetral del camposanto[7], con el propósito de proteger “debidamente la dignidad e integridad de los cuerpos allí inhumados[8]. Y esto último por cuanto en el transcurso del presente trámite se ha advertido que “por lo menos [en] sobre dos zonas del JCU, la zona 29A y la zona 22 respectivamente, existen riesgos físicos que, a su vez, comprometen la existencia y conservación de los cuerpos (incluidos CNI) allí inhumados, como son el acceso fácil, incontrolado, indiscriminado y permanente a la primera, como consecuencia de la caída de su cerco perimetral, y la inundación de la segunda[9] (negrillas fuera del texto).

  1. De igual forma, particularmente a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de esa entidad territorial se le ordenó “que a partir de las recomendaciones de la UIA, remita a esta Sección toda la información que posea o tenga conocimiento sobre la inhumación, exhumación y traslado de cuerpos de víctimas de hechos violentos y, especialmente, de CNI, en, hacia o desde el JCU[10] (negrillas fuera del texto).

  1. De otra parte, allí mismo se ordenó a la UIA[11] que, “con el acompañamiento de la mesa técnica en cabeza de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas[12] y cuando “las condiciones sanitarias lo permitan”, programara y realizara “inspecciones búsquedas y prospecciones detalladas a las zonas del JCU objeto de la presente medida cautelar, así como a toda la información que sobre ellas mantenga la administración del cementerio, y la información de utilidad adicional que puedan suministrar el INMLCF, la Fiscalía General de la Nación u otras fuentes[13]. Y esto a efectos de:

(i) determinar y ubicar las fosas en donde, de acuerdo con la información allí disponible se encuentran inhumadas CNI de posibles víctimas de desaparición forzada; (ii) realizar las prospecciones y demás labores de búsqueda de ser necesario para determinar otras fosas, bóvedas o lugares en donde se puedan encontrar inhumados cuerpos de personas no identificadas; (iii) contrastar toda la información recolectada con la información que ya ha sido allegada al presente trámite a efectos de determinar cuáles víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 es posible que se encuentren inhumadas en dichas zonas u otras del JCU; y, concluidas todas estas actividades, (iv) presentar a la Mesa Técnica conformada por la SAR y la UBPD informes periódicos de los hallazgos, para que cuando ésta lo considere —y nuevamente bajo la coordinación técnica de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas—, proceda a realizar las exhumaciones de los cuerpos de personas no identificadas que se presume puedan corresponder a víctimas del conflicto y, particularmente, del delito de desaparición forzada, para posteriormente iniciar el proceso de identificación y entrega a sus familiares, cuando esto sea posible[14].

  1. Finalmente, en el mismo sentido, allí también se ordenó a la Policía Nacional “que realice la custodia permanente de las zonas del JCU objeto de la presente medida cautelar[15].

  1. El pasado 7 de octubre la Secretaria de Despacho y Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Mónica Alejandra Gómez Laverde[16], solicitó a esta Sección que, bajo su supervisión, autorice:

(1) Que “atendiendo todas las medidas de seguridad y aplicando el protocolo que desde el JCU se utiliza para estos procedimientos, se nos permita realizar traslados de Cuerpos No Identificados (CNI) y Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR), desde las bóvedas donde se encuentran actualmente, a los osarios San Lorenzo”; y

(2) Que “atendiendo todas sus indicaciones, nos permitan realizar la intervención a dichos osarios y fosas comunes con el fin de lograr realizar un inventario de los cuerpos que se...

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